Artículo publicado el día 3/8/2010 en el diario LA PRIMERA
En cuanto a visión programática de la Universidad, el aprismo, al igual que las izquierdas provenientes de las diversas rupturas del PC, se quedó atrapado en una lectura corporativa y populista de la agenda de reforma universitaria correspondiente a la segunda década del siglo pasado. Por su parte, el alanismo (mutación neoliberal del aprismo) usa demagógicamente, cuando le conviene, una retórica correspondiente a aquel programa, mientras, para todo efecto práctico, se halla embarcado de lleno en el negocio de las denominadas “Universidades privadas con fines de lucro”, instituidas por el Fujimorismo en una lógica de privatización mafiosa de la Educación universitaria.
No habiendo tomado en cuenta el advenimiento de la denominada “sociedad del conocimiento”, cuyos efectos globales ya eran visibles desde la década de los setenta, el programa universitario compartido por el APRA y los PC produjo la actual Ley Universitaria diseñada por Luis Alberto Sánchez. Anacrónica desde su origen (1983), esta ley se mantiene por cuanto el modo como concibe la autonomía y la representación universitaria es concordante tanto con los intereses de las mafias que buscan “controlar” las Universidades tradicionales (públicas y privadas), como con los del sector responsable de la estafa educativa que caracteriza a la mayor parte de las “Universidades negocio”.
Así se entiende que, al rechazar la Autógrafa de Ley que buscaba democratizar los mecanismos de elección de las autoridades universitarias, el Ejecutivo ponderase demagógicamente las supuestas virtudes del actual ordenamiento legal de la Universidad Peruana y dijera defender la representación estudiantil; rompiendo lanzas, al mismo tiempo, por los intereses del sector privado mafioso que ha invadido el ámbito universitario. Se entiende también el absoluto mutismo del mensaje presidencial de Fiestas Patrias, en torno a la Educación en su más alto nivel.
Al defender el mecanismo de elección de autoridades que diseñó Sánchez, por lo demás experto en el arte de “controlar” y copar Universidades, el texto de antología firmado por García Pérez y Velásquez, observando la Autógrafa de Ley antes mencionada, dice que “la legitimidad del liderazgo debe sustentarse, con independencia de la popularidad que puede o no estar presente (sic), en la eficiencia de los líderes para la realización de los fines institucionales”.
Si tal fuese el criterio de legitimidad de los actuales “líderes” de la Universidad Peruana, en la mayor parte de ellas habría que echarlos de inmediato. Para García, no obstante, todo va de maravillas. Seguramente es así, para él y los negocios que representa, a los que parece incluir entre los “fines institucionales” aludidos, al afirmar en ese mismo texto, que la “transgresión de las normas legales” es, como causal de vacancia de la autoridad, una “expresión muy amplia y subjetiva”. A buen entendedor, pocas palabras; o, como en el mensaje de aniversario patrio: ninguna.
En cuanto a visión programática de la Universidad, el aprismo, al igual que las izquierdas provenientes de las diversas rupturas del PC, se quedó atrapado en una lectura corporativa y populista de la agenda de reforma universitaria correspondiente a la segunda década del siglo pasado. Por su parte, el alanismo (mutación neoliberal del aprismo) usa demagógicamente, cuando le conviene, una retórica correspondiente a aquel programa, mientras, para todo efecto práctico, se halla embarcado de lleno en el negocio de las denominadas “Universidades privadas con fines de lucro”, instituidas por el Fujimorismo en una lógica de privatización mafiosa de la Educación universitaria.
No habiendo tomado en cuenta el advenimiento de la denominada “sociedad del conocimiento”, cuyos efectos globales ya eran visibles desde la década de los setenta, el programa universitario compartido por el APRA y los PC produjo la actual Ley Universitaria diseñada por Luis Alberto Sánchez. Anacrónica desde su origen (1983), esta ley se mantiene por cuanto el modo como concibe la autonomía y la representación universitaria es concordante tanto con los intereses de las mafias que buscan “controlar” las Universidades tradicionales (públicas y privadas), como con los del sector responsable de la estafa educativa que caracteriza a la mayor parte de las “Universidades negocio”.
Así se entiende que, al rechazar la Autógrafa de Ley que buscaba democratizar los mecanismos de elección de las autoridades universitarias, el Ejecutivo ponderase demagógicamente las supuestas virtudes del actual ordenamiento legal de la Universidad Peruana y dijera defender la representación estudiantil; rompiendo lanzas, al mismo tiempo, por los intereses del sector privado mafioso que ha invadido el ámbito universitario. Se entiende también el absoluto mutismo del mensaje presidencial de Fiestas Patrias, en torno a la Educación en su más alto nivel.
Al defender el mecanismo de elección de autoridades que diseñó Sánchez, por lo demás experto en el arte de “controlar” y copar Universidades, el texto de antología firmado por García Pérez y Velásquez, observando la Autógrafa de Ley antes mencionada, dice que “la legitimidad del liderazgo debe sustentarse, con independencia de la popularidad que puede o no estar presente (sic), en la eficiencia de los líderes para la realización de los fines institucionales”.
Si tal fuese el criterio de legitimidad de los actuales “líderes” de la Universidad Peruana, en la mayor parte de ellas habría que echarlos de inmediato. Para García, no obstante, todo va de maravillas. Seguramente es así, para él y los negocios que representa, a los que parece incluir entre los “fines institucionales” aludidos, al afirmar en ese mismo texto, que la “transgresión de las normas legales” es, como causal de vacancia de la autoridad, una “expresión muy amplia y subjetiva”. A buen entendedor, pocas palabras; o, como en el mensaje de aniversario patrio: ninguna.
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