Artículo publicado el 4/8/2010 en el diario EL COMERCIO
Por: José Campos Dávila *
Hemos pasado décadas esperando que los distintos gobiernos que asumieron la conducción del Estado Peruano tuvieran en cuenta a las universidades nacionales. No fue así, ni siquiera un ex catedrático y ex presidente de la Asamblea Nacional de Rectores que fungió de presidente de la República se preocupó por apoyar a la institución formadora de científicos y profesionales para conducir los destinos del país.
Se trata de dar un salto cualitativo en la participación democrática en la vida universitaria: la designación de las altas autoridades de las universidades públicas vía votación directa, universal y secreta.
Si bien es cierto que ello no soluciona los problemas de la universidad peruana, ya que está gangrenada, sí es un adelanto de la posibilidad de un manejo más serio, académico y científico, tres aspectos que nuestras instituciones vienen padeciendo en los últimos tiempos como producto de la inoperancia del Estado y de la propia institución universitaria dentro del plano de la formación profesional e investigación científica y tecnológica.
Los tiempos modernos, la globalización y el proceso de despegue económico de nuestra nación exigen replantear la relación entre el Estado, la empresa y la universidad en función de la formación de profesionales capaces de enfrentar los retos nacionales e internacionales que los tiempos exigen. Y ello implica necesariamente nuevas herramientas de trabajo, como la dación de una ley universitaria innovadora y acreditadora de acuerdo con los nuevos vientos que giran alrededor de la ciencia y la tecnología que apuesten por la construcción de una cultura de paz en una nación equitativa y desarrollada.
Entendamos que no hay desarrollo científico sin tecnología ni tecnología sin ciencia, pero ambas se sostienen, se sustentan y se desarrollan con seres humanos que las sociedades deben formar. Los países vecinos ya lo hicieron, no esperemos el último minuto para hacer creer que las instituciones no cumplen. No es el momento de echarnos la culpa los unos a los otros, es el momento de prepararnos para enfrentar los retos en el terreno científico e ideológico contra aquellos que quisieran destruir el Estado de derecho y contra la mediocridad y el antiacademicismo que impera.
¿Si el Estado incentiva la agricultura, la minería, la empresa, el turismo y otros, por qué no incentivar a la universidad como instrumento y motor del desarrollo y del cambio en democracia? Señores congresistas, son ustedes los que deben velar por la democracia emitiendo una ley que abarque toda la problemática de la institución universitaria que definitivamente está en contra de dos grandes flagelos sociales: la violencia y la mediocridad y siempre a favor del conocimiento, la investigación y el derecho al cambio en democracia.
[*] Ex decano Ciencias Sociales La Cantuta
